PROBLEMAS EN LA REGULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LA LEY 906 DE 2004

PROBLEMAS EN LA REGULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LA LEY 906 DE 2004

La presunción de inocencia no siempre fue
un principio del derecho penal. En la Antigüedad,
y hasta la edad Media, lo que primaba
era la presunción de culpabilidad, que
se corroboraba por los investigadores a través
de métodos bárbaros como el potro, la
prueba del fuego o el agua hirviente, que llevaba
a los acusados a confesar de cuanto crimen
o delito fueran acusados.
Con el avance de las ideas racionalistas se abre
paso la desligitimación de la tortura y refulge
la presunción de inocencia como principio
sobre el que subyace el proceso penal: todo
procesado es inocente mientras no se establezca
su culpabilidad. Junto con esta conquista
se abrieron paso otros derechos eregidos en
normas rectoras: el de legalidad de las penas,
el juez natural, la prohibición de la tortura,
la irretroactividad de las penas.
Revista Republicana
ISSN: 1909 - 4450 • núm. 9
La Revolución Francesa recogió estas garantías
en la Declaración de los Derechos del
Hombre y el Ciudadano; y en adelante, las
constituciones de las nacientes repúblicas y
las nuevas democracias recogerían estas conquistas,
que serían posteriormente plasmados
en los modernos sistemas procesales penales.
La primera mitad del siglo XX trajo consigo
dos guerras mundiales, con un alto legado
de muerte y destrucción. Como respuesta se
creó la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), el sistema universal de derechos
humanos, los sistemas regionales como la
OEA y el sistema Interamericano de Derechos
Humanos, cuyas declaraciones y convenciones
recogen como derechos humanos
el debido proceso, la presunción de inocencia
y demás garantías procesales 

Las constituciones de Colombia consagraron
en sus postulados estos nuevos derechos, y

de allí pasaron a los códigos penales y procesales.
En 1991 se renueva la organización
política bajo el paradigma del Estado Social
de Derecho, que consagra las garantías procesales
como derechos fundamentales, dando
inicio a la separación de la investigación
del juzgamiento, prototipo que para hacerlo
realidad hace necesario reformar el artículo
250 de la Carta, y la expedición de un nuevo
código (Ley 906 de 2004) basado en el sistema
penal acusatorio, que recoge y amplía las
garantías procesales.
El nuevo código procesal pretende ser ampliamente
garantista y protector de los derechos
de los imputados o acusados,
especialmente de la presunción de inocencia
como parte del debido proceso. La investigación
escruta el arraigo de este principio
en el derecho internacional de los derechos
humanos y en la carta constitucional, y analiza
el contenido y alcance de esta importante
garantía, y su afectación por las reformas
introducidas a la Ley 906 de 2004.

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39. btnG=Buscar&aq=f&aqi=&aql=&oq=
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